La activista denunció con firmeza lo que considera un intento por erosionar los principios fundamentales del Estado laico, una maniobra que, a su juicio, no solo simula un ejercicio de ciudadanía, sino que vulnera los derechos de los menores de edad. En su análisis, la intervención de grupos religiosos en la esfera legislativa representa un riesgo para la autonomía de las instituciones públicas, pues advirtió que las decisiones políticas no pueden estar supeditadas a dogmas ni a presiones de carácter clerical.
«El debate no se trata de restringir las creencias personales», subrayó, «sino de garantizar que las políticas públicas se construyan desde una perspectiva de derechos humanos y laicidad, como siempre ha sido». Sin embargo, la situación adquiere un matiz más preocupante cuando, según su denuncia, estructuras organizadas de carácter religioso movilizan recursos para influir en votaciones legislativas. «Ya no hablamos de opiniones individuales, sino de una injerencia sistemática que distorsiona el proceso democrático», afirmó.
Uno de los puntos más críticos de su argumentación se centró en el uso de menores de edad en estas campañas. La activista calificó la práctica como una «instrumentalización» que atenta directamente contra el interés superior de la niñez, un principio consagrado en la legislación nacional e internacional. «Que niños y adolescentes sean utilizados para firmar cartas o participar en acciones con fines políticos o religiosos es una violación flagrante de sus derechos», sostuvo, enfatizando que su participación en estos mecanismos no solo los expone a manipulaciones, sino que desvirtúa el sentido mismo de la protección que el Estado debe garantizarles.
La defensa de un Estado laico, insistió, no implica un rechazo a la libertad religiosa, sino la necesidad de que las instituciones públicas operen con neutralidad, sin privilegiar ni marginar a ninguna creencia. «Las leyes deben responder a criterios de justicia, equidad y bien común, no a mandatos de fe», recalcó. En ese sentido, advirtió que permitir que intereses particulares —ya sean religiosos, económicos o de cualquier otra índole— dicten el rumbo de las políticas públicas abre la puerta a un retroceso en las conquistas democráticas.
El llamado, en definitiva, fue a recuperar el sentido original de la laicidad: un espacio donde la diversidad de pensamiento pueda coexistir sin que ninguna doctrina imponga su agenda sobre el conjunto de la sociedad. «La democracia no se fortalece cuando se cede a presiones, sino cuando se defienden los principios que la sostienen», concluyó, dejando en claro que el debate trasciende lo coyuntural para tocar las bases mismas del pacto social.
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